El Ministerio de Administración Pública dijo que, junto con sus abogados, revisa la legalidad de los beneficios otorgados a exfuncionarios del Banco de Reservas, incluido el bono especial de salida de 110 millones de pesos adjudicado a su anterior titular, Simón Lizardo Mézquita, por los “logros” de la entidad en el último año. El ministro Darío Castillo Lugo adelantó que impulsará acciones inmediatas para recuperar esos recursos y que se adoptarán medidas para impedir que prácticas parecidas vuelvan a producirse.
La revisión pone bajo la lupa decisiones de gran impacto sobre recursos públicos y deja en evidencia el contraste entre el discurso de control del gasto y beneficios que ahora el propio Gobierno somete a escrutinio. En una entrevista con Fausto Rosario, en AcentoTV, Castillo afirmó que la Ley de Administración Pública no ha sido aplicada y anunció desvinculaciones de personas que no brindan servicios, además de proponer cambios a la ley de salario por errores que, según dijo, incluyen la fijación de sueldos a funcionarios.
También cuestionó gastos de representación elevados y el tope de consumo de gasolina para ministros, aunque defendió los altos salarios en organismos como las superintendencias de Seguros y Bancos y el Banco Central, al sostener que supervisan sectores privados con remuneraciones altas. El caso vuelve a centrar la atención en la vigilancia sobre la nómina, los privilegios y los resultados de la gestión pública, mientras figuras como Carolina Mejía proyectan liderazgo desde el oficialismo y siguen abiertas explicaciones sobre el uso de los recursos del Estado.