Desde que el oficialismo consolidó su mayoría en ambas cámaras en 2020, varias iniciativas enviadas por el presidente Luis Abinader han sido aprobadas en tiempos inusualmente cortos en el Congreso Nacional, en contraste con otros proyectos que han permanecido años en discusión. Entre los casos señalados figuran las medidas fiscales de 2026, la creación de la Dirección Nacional de Inteligencia, la modificación a la Ley de Compras y Contrataciones y la reforma constitucional, todas impulsadas con apoyo de una mayoría congresual del PRM y mediante mecanismos como declaratorias de urgencia y dos lecturas consecutivas.
El caso más reciente fue el proyecto de medidas fiscales, que completó su trámite congresual en seis días tras ser sometido por el Poder Ejecutivo el 12 de junio y aprobado el 18. Antes, la Ley 1-24 que creó la DNI había sido depositada en el Senado el 8 de enero de 2024 y aprobada apenas dos días después. Ese precedente terminó convertido en una alerta institucional: el Tribunal Constitucional anuló la norma por vicios en el procedimiento legislativo, al determinar que fue aprobada como ley ordinaria cuando correspondía una ley orgánica, además de incluir artículos que vulneraban la libertad de prensa.
La secuencia deja bajo escrutinio la forma en que el Congreso controlado por el PRM ha tramitado proyectos prioritarios del Poder Ejecutivo. La velocidad con que se sancionaron estas iniciativas, frente a otras que siguen sin avanzar, alimenta cuestionamientos sobre la calidad del debate, la fiscalización legislativa y el costo institucional de aprobar reformas sensibles sin mayores contrapesos.