El Ministerio de Medio Ambiente confirmó que la extracción ilegal de arena en el río Camú continúa pese a los operativos realizados para frenarla, lo que deja bajo escrutinio la capacidad de control sobre una práctica que afecta un recurso hídrico clave en La Vega.
La persistencia de la actividad en distintos puntos del afluente no solo evidencia que las acciones de supervisión no han logrado detenerla por completo, sino que también mantiene abierta la pregunta sobre el alcance real de las intervenciones oficiales, su seguimiento y los resultados concretos obtenidos hasta ahora.
En ese contexto, la situación vuelve a colocar en el centro la necesidad de que las autoridades informen con claridad cuántos operativos se han ejecutado, qué medidas de control permanecen activas y qué sanciones o acciones de remediación se han aplicado para evitar que la extracción continúe.
La presión sobre el Camú se mantiene como una preocupación recurrente para las comunidades que han denunciado el deterioro del río, mientras el Estado enfrenta el reto de demostrar que sus anuncios y operativos tienen capacidad efectiva de contención, transparencia y resultados sostenibles.
La persistencia del problema sugiere que la respuesta institucional sigue siendo insuficiente o, al menos, incapaz de cerrar el paso a una práctica ilegal que se repite a pesar de la vigilancia anunciada.