Noventa años después de que Arturo Uslar Pietri advirtiera sobre la dependencia petrolera de Venezuela, el crudo vuelve a marcar el rumbo del país, esta vez bajo un acuerdo que la Casa Blanca presenta como “el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial”. De acuerdo con esa hoja informativa, el pacto garantiza “el dominio energético para el próximo siglo, sin costo alguno para Estados Unidos” y otorga al gobierno estadounidense “poderosos derechos de gobernanza” y “propiedad económica” sobre un nuevo actor petrolero privado venezolano.
La advertencia no se limita al alcance político y económico del anuncio, sino también al vehículo elegido. El acuerdo no se firmó con una de las grandes petroleras norteamericanas que habían mostrado interés en regresar al mercado venezolano, sino con North American Blue Energy Partners (NABEP), una sociedad de Barbados sobre la que, según la prensa, hay poca información pública y no existen evidencias de presencia en otros mercados petroleros. A ello se suma que algunos la han vinculado antes con Harry Sargeant, mientras sí abunda la información sobre el joven empresario venezolano que la encabeza y cuyos negocios millonarios con el gobierno de Chávez y otros han sido cuestionados.
El episodio reabre, de fondo, el contraste entre el relato de solución y las explicaciones que siguen pendientes sobre quién gana capacidad de decisión, bajo qué controles y con qué nivel de transparencia. En un contexto en el que la sociedad civil y los sectores de vigilancia institucional reclaman rendición de cuentas, el caso vuelve a colocar en primer plano los riesgos de opacidad alrededor de recursos estratégicos y el desgaste de un modelo en el que el petróleo sigue siendo, a la vez, promesa de salida y rehén del poder.