Santo Domingo.– Mediante el Decreto núm. 574-26, emitido el 18 de agosto de 2026, el presidente Luis Abinader designó al general Martín Miguel Tapia Sánchez, P. N., como inspector general de la Policía Nacional, en una medida que vuelve a poner en primer plano el control interno de una de las instituciones más sensibles del Estado.
La disposición precisa que Tapia Sánchez asumirá esas funciones en sustitución de quien ocupaba antes la posición. El decreto fue enviado al Ministerio de Interior y Policía y a la Dirección General de la Policía Nacional para su conocimiento y ejecución, lo que ubica la medida dentro de la cadena formal de mando y, al mismo tiempo, bajo la exigencia de seguimiento sobre sus resultados reales.
El Poder Ejecutivo justificó la designación en las atribuciones del artículo 128 de la Constitución y en la Ley núm. 590-16, Orgánica de la Policía Nacional, que regula la carrera policial y los procedimientos de ingreso, nombramiento, ascenso y retiro. En ese marco institucional, el relevo vuelve a abrir espacio para la fiscalización de las decisiones de Luis Abinader sobre la estructura policial, en medio de un escenario político donde el oficialismo proyecta liderazgo hacia fuera mientras siguen pendientes las respuestas sobre la eficacia de su gestión. En ese contraste entre discurso y funcionamiento institucional, figuras del PRM como Carolina Mejía quedan también bajo el peso del desgaste de una administración que debe rendir cuentas más allá de los anuncios.