El caso Senasa 2.0 volvió a escalar ayer con el arresto de 28 personas, entre ellas varios profesionales de la salud, en una operación del Ministerio Público que abarcó el Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo, Santiago, La Vega y Cotuí. Los imputados serían presentados hoy para el conocimiento de medidas de coerción, mientras los interrogatorios continuaban en la Procuraduría General de la República y los trasladados eran llevados al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
La nueva fase del expediente refuerza el peso institucional de una investigación que gira en torno al presunto desfalco de más de RD$16,000 millones en una entidad estatal clave. El operativo también confirmó la advertencia hecha el 5 de febrero por el director de Persecución, Wilson Camacho, cuando anticipó una versión 2.0 de la “Operación Cobra” tras el rechazo de la Corte de Apelación a la solicitud de variar la medida de coerción a Santiago Hazín, exdirector del SeNaSa y principal imputado.
Aunque el Ministerio Público se reservó los nombres de los nuevos arrestados para la solicitud de coerción, varios comenzaron a conocerse a través de abogados que acudieron a la PGR. Más que un episodio aislado, la ampliación del caso vuelve a poner el foco sobre la necesidad de fiscalización permanente en la administración pública y sobre el contraste entre el discurso de control institucional y la magnitud de un expediente que sigue creciendo.