La agenda de cooperación penitenciaria anunciada por el Gobierno de Venezuela con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) quedó bajo presión este sábado, luego de que el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) reclamara que esa asistencia se extienda a cárceles donde, según denuncias de familiares, persisten señales de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
En un comunicado difundido en X, la ONG pidió incluir a El Rodeo I, Fuerte Guaicaipuro y Yare, en el estado Miranda, al sostener que no se tiene constancia de cooperación del CICR en esos recintos. Para el CLIPP, se trata de centros prioritarios porque familiares de personas recluidas han denunciado aislamiento, restricciones de comunicación, deficiencias en alimentación y atención médica, además de episodios de violencia y malos tratos.
La organización también exigió condiciones para que el CICR pueda realizar entrevistas privadas con los detenidos y dar seguimiento a los casos conforme a su metodología, así como mecanismos de comunicación directa con las familias para reportar torturas, aislamiento, enfermedades graves y otras situaciones de atención humanitaria. El reclamo contrasta con el anuncio hecho el pasado martes por el Gobierno venezolano sobre una agenda con el CICR orientada al intercambio de experiencias, visitas a centros y revisión de aspectos como salud, educación, contacto familiar y condiciones de vida, con cierre previsto en un encuentro bilateral para identificar posibles líneas de trabajo.