El Gobierno de Perú declaró el estado de emergencia durante 60 días en cinco prisiones de alta seguridad, una decisión que lleva la crisis penitenciaria a un terreno excepcional e incorpora restricciones en un radio de hasta 200 metros alrededor de los recintos. La medida del Ejecutivo de Keiko Fujimori alcanza a los penales de Challapalca, Cochamarca, Miguel Castro Castro, Ancón I y Trujillo Varones.
En ese perímetro se suspenden derechos constitucionales asociados con la libertad de tránsito, reunión y seguridad personal. La Policía Nacional, con respaldo de las Fuerzas Armadas, estará a cargo de asegurar el exterior, el espacio aéreo y el espectro electromagnético inmediato, mientras el Gobierno afirma que la disposición busca reforzar la seguridad ciudadana, sostener el control policial de los establecimientos y evitar eventuales fugas.
El propio Ejecutivo señaló que habrá vigilancia estricta de accesos, trabajo de inteligencia y operativos permanentes para incautar teléfonos móviles, tarjetas SIM y armas en poder de internos. El primer ministro, Luis Galarreta, respaldó la decisión y aseguró que el Gobierno impulsa acciones contra la inseguridad desde varios frentes, incluso a la espera de la aprobación de facultades para actuar con mayor fuerza, un planteamiento que vuelve a situar en primer plano la presión por mostrar resultados concretos en una medida que ya afecta garantías en torno a las cárceles.