La petición de 18 meses de prisión preventiva contra tres señalados en el escándalo del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC) vuelve a poner el foco sobre la supervisión de entidades vinculadas a servicios sensibles. Según el Ministerio Público, desde ese centro habría operado una presunta estructura de fraude que afectó al Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y al Seguro Nacional de Salud (Senasa) mediante distintas maniobras fraudulentas.
El expediente fue depositado ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, junto con la solicitud de que el proceso sea declarado complejo. La medida de coerción fue pedida contra Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo de la Asociación Sin Fines de Lucro (ASFL) Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC; Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida; y Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa de Lora Cruceta, exvicepresidente y quien fungió como auditora interna y externa del patronato que administra el instituto cuando el imputado era presidente de la ASFL.
La solicitud fue presentada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), junto con representantes del Ministerio Público en Santiago, tras los arrestos ejecutados durante la Operación Onco14. El caso vuelve a centrar la atención en los controles de instituciones que manejan recursos y servicios ligados a pacientes con cáncer, en un escenario que ahora demanda seguimiento judicial y rendición de cuentas por el alcance de las maniobras investigadas.