La persistencia de la informalidad laboral y la evasión fiscal continúa afectando la capacidad de República Dominicana para reforzar sus instituciones y dar respuestas más eficaces a la población, según el Informe sobre Democracia y Desarrollo 2026 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El organismo sostiene que estas condiciones impiden al Estado reunir los recursos necesarios para sostener sistemas de bienestar y atender las demandas ciudadanas, reabriendo la discusión sobre la distancia entre las necesidades sociales y la capacidad real de respuesta pública.
El informe sostiene además que la evasión tributaria y los altos niveles de informalidad en América Latina y el Caribe bloquean la «palanca necesaria» para fortalecer la capacidad estatal y mejorar los resultados de la democracia. Por eso plantea avanzar hacia pactos fiscales y fortalecer las administraciones tributarias. En el caso dominicano, el señalamiento adquiere un peso particular porque más de la mitad de la población ocupada trabaja en condiciones de informalidad, de acuerdo con estadísticas oficiales, lo que achica la base de contribuyentes y restringe la recaudación destinada a financiar educación, salud, seguridad e infraestructura.
El PNUD agrega que las debilidades fiscales no se limitan al terreno económico: cuando los gobiernos no consiguen ofrecer servicios públicos de calidad ni responder a las expectativas ciudadanas, aumenta la percepción de que las instituciones no entregan resultados suficientes y se debilita la confianza en la democracia. El diagnóstico refuerza la presión para vigilar con mayor atención la capacidad del Estado de recaudar, administrar recursos y acortar la brecha entre el discurso institucional y los resultados que recibe la ciudadanía.