La comunicación reciente del Banco Central deja una tensión difícil de soslayar: mientras se insiste en crecimiento, estabilidad macroeconómica y expectativas de expansión, el encarecimiento de la vida diaria queda relegado. Más que un problema de forma, esa desproporción revela una prioridad oficial despegada del costo real que soportan los hogares.
Los datos oficiales, además, obligan a una lectura menos complaciente. En mayo de 2026, la inflación interanual fue de 5.35 %, la acumulada de 1.50 %, la mensual de 0.31 % y la subyacente de 4.86 %. Con eso, la inflación se mantuvo por segundo mes consecutivo por encima del techo del rango meta fijado en 4 %, más o menos 1 %, una señal que golpea el ingreso real y desmonta cualquier intento de reducir el problema a una nota secundaria dentro del relato económico.
La canasta básica también siguió al alza. Entre enero y mayo pasó de RD$48,734.28 a RD$49,268.36, para un incremento de RD$534.08, equivalente a 1.1 %. En el papel puede parecer contenido; en la vida diaria supone pagar más por lo mismo y, muchas veces, pagar más para llevar menos. El efecto, además, alcanzó a toda la estructura social: hubo aumentos en todos los quintiles de ingreso, con mayores incrementos en la región este, donde la canasta subió RD$681.43; en la región norte, RD$591.94; y en la región Ozama, RD$552.34.
El Banco Central mantuvo la Tasa de Política Monetaria en 5.25 % y destacó que la misión del FMI proyecta un crecimiento en torno a 4 % para 2026. Ambas referencias pueden coexistir, pero ahí mismo aparece la alerta institucional: una economía no se mide solo por el optimismo de sus informes, sino por su capacidad de proteger el poder de compra. Cuando el mensaje oficial privilegia la vitrina macroeconómica y deja en un párrafo el deterioro del consumo básico, lo que se impone no es la celebración, sino la fiscalización.
Ese contraste entre discurso y realidad alimenta el desgaste de la gestión económica: si el costo de vida sube en todo el país y para todos los niveles de ingreso, la discusión pública no puede seguir atrapada en indicadores que no alivian la compra de alimentos ni corrigen la presión sobre los hogares. La prioridad ciudadana está en los precios, y cualquier narrativa que intente desplazar ese dato central solo refuerza la necesidad de rendición de cuentas sobre resultados concretos, no sobre expectativas.