La aprobación de US$600 millones en préstamos volvió a colocar bajo escrutinio la coherencia fiscal del Gobierno, en medio de cuestionamientos sobre austeridad, calidad del gasto y sostenibilidad de la deuda pública. El economista Winston Marte advirtió que el debate no debe centrarse solo en cuánto se toma prestado, sino en para qué se contrae esa deuda, cuál será su retorno económico y social y si el Estado está aplicando la misma disciplina fiscal que exige a la población.
Según explicó, US$400 millones del monto aprobado serían dirigidos a un programa integral de agua potable, saneamiento y reúso en Punta Cana, una inversión que beneficiaría principalmente a grandes cadenas hoteleras de esa zona turística. Ante ese escenario, planteó explorar alianzas público-privadas para que el sector privado participe en el financiamiento de infraestructuras que servirán directamente a sus empresas.
Marte alertó que el crecimiento continuo de la deuda pública aumenta la presión del pago de intereses sobre el presupuesto, reduce el margen para responder a futuras crisis, eleva la vulnerabilidad ante alzas de tasas internacionales y puede desplazar inversiones prioritarias por el servicio de la deuda. “Cada dólar adicional prestado hoy representa impuestos futuros o restricciones presupuestarias futuras”, puntualizó. También criticó que el Gobierno no haya presentado a la población un plan claro de austeridad que detalle qué partidas serán reducidas, cuánto se recaudaría y cuál será el destino de esos recursos.