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Proponen al Senado cambios al Código Penal para eliminar cárcel por difamación y proteger a los medios

junio 11, 2026 · Redactor
Proponen al Senado cambios al Código Penal para eliminar cárcel por difamación y proteger a los medios
Foto: www.diariolibre.com

La propuesta de Antonio Taveras Guzmán reabre el debate sobre límites penales que inciden en la crítica pública y obliga al Congreso a revisar el alcance del nuevo texto

El senador por la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, depositó este miércoles ante el Senado de la República un proyecto de ley para modificar varios artículos del nuevo Código Penal, en una iniciativa que vuelve a poner en debate disposiciones que impactan la libertad de opinión, la crítica y el ejercicio de los medios de comunicación.

La propuesta busca cambiar el artículo 208 para que la difamación solo castigue la imputación pública de hechos falsos que afecten el honor o la reputación de una persona. «Proponemos que la sanción penal se limite solamente a las imputaciones falsas realizadas de manera dolosa y se eliminen conceptos imprecisos», dijo. En ese aspecto, se retirarían las penas de prisión y se reemplazarían por multas de tres a ocho salarios mínimos del sector público, además de la reparación civil del daño causado.

Taveras también planteó derogar el artículo 209 sobre difamación extorsiva, al sostener que esa figura ya se mantiene en el artículo 332, y sustituir el esquema vigente por la figura de difamación agravada. En ese caso, la pena prevista de cinco a diez años de prisión sería reducida a una sanción de quince días a un año de prisión menor cuando la difamación sea utilizada para obtener beneficios indebidos o para obligar a una persona a realizar, omitir o tolerar un acto en perjuicio de sus intereses. La iniciativa además modifica el artículo 210 sobre injuria para reservar la intervención penal a conductas graves y dolosas, elimina penas de prisión y deja solo multas y reparación civil. Sobre el artículo 212, el legislador afirmó que debe adecuarse para impedir en cualquier caso el cierre de medios de comunicación, la suspensión de sus actividades o la revocación de sus autorizaciones, un punto que vuelve a colocar al Congreso ante la presión de revisar normas con impacto institucional.