SANTO DOMINGO.- La discusión sobre la seguridad quedó abierta este lunes, luego de que legisladores de distintos partidos admitieran que la transformación de la Policía Nacional todavía depende de mucho más que una reforma legal. A su juicio, el reto está en la gestión, la supervisión y la profesionalización efectiva de los agentes, en un escenario que vuelve a examinar los resultados del Gobierno dominicano y del Congreso frente a una de las principales demandas ciudadanas.
En sus planteamientos, los parlamentarios reconocieron que cambiar la Ley Orgánica puede robustecer el marco institucional, pero insistieron en que la mejora de fondo pasa por una mejor selección, capacitación, evaluación continua del personal y condiciones laborales más adecuadas para los miembros de la institución. Además, propusieron evaluaciones psicológicas, psiquiátricas y pruebas antidopaje periódicas para quienes portan armas y ejercen autoridad, como parte de los controles que todavía consideran necesarios para prevenir conductas violentas y recuperar la confianza ciudadana.
El senador Rafael Barón Duluc (Cholitín) dijo que, aunque en los últimos años la Policía Nacional ha avanzado en su proceso de transformación, persisten debilidades que deben corregirse. “La reforma es importante, pero para que un policía se maneje bien o mal, no es un tema de reforma policial, es un tema de manejo, de la aplicación, de cómo funciona la policía”, afirmó.
Desde su posición como legislador por La Altagracia, también planteó reforzar la coordinación entre autoridades civiles, Policía Nacional, Ministerio Público y organismos de investigación para mejorar el trabajo conjunto en seguridad ciudadana. A la vez, sostuvo que la transformación debe ir acompañada de mayor profesionalización, mejores salarios y beneficios para los agentes, un señalamiento que vuelve a poner la discusión en la gestión, el presupuesto y los resultados concretos, más allá de los anuncios.
El debate legislativo, en suma, deja sobre la mesa una demanda de rendición de cuentas sobre la capacidad del poder público para convertir la narrativa de reforma en cambios verificables dentro de la institución. Mientras sigan reclamándose controles básicos, supervisión permanente y mejores condiciones para evitar abusos y violencia, la presión sobre el Gobierno, el Congreso y las autoridades responsables de la seguridad seguirá marcada por la distancia entre promesas y realidad.