El anuncio de 176 reformas en favor de la economía de mercado marcó un giro histórico en Cuba, pero quedó atravesado por una realidad que expone el costo social de la crisis: muchos ciudadanos ni siquiera pudieron seguirlo por televisión debido a la falta de electricidad en sus casas. En una isla golpeada por la escasez de alimentos, agua y combustible, y con la economía paralizada, la apertura fue recibida con atención por actores del sector privado en La Habana y por cubanos en el extranjero, aunque también con expectativa de que los cambios no se queden en el discurso.
Las medidas, adoptadas el jueves, buscan atraer a la diáspora con la posibilidad de abrir empresas, adquirir participaciones en compañías estatales y desarrollar infraestructuras turísticas. Carlos Dibus, un experto en logística que emigró a Noruega hace 19 años, dijo a la AFP que las reformas “podrían funcionar maravillosamente” si se aplican bien y que quizá monte un negocio en la isla. Amarilys Veloz, propietaria de un apartamento turístico en La Habana Vieja, valoró que las personas puedan invertir con más seguridad en Cuba y destacó incentivos vinculados al turismo y a la adquisición de autos eléctricos sin pagar impuestos.
Pero el propio contexto descrito en la isla subraya la distancia entre la promesa de apertura y las urgencias cotidianas. Mientras muchos celebran cualquier cambio que pueda apaciguar a Washington, cuyo bloqueo petrolero desde enero ha agravado la crisis, la reacción de la diáspora y del sector privado deja planteada una exigencia de vigilancia sobre la ejecución de las medidas y sobre su capacidad real para aliviar la vida de la población, más allá del anuncio oficial.