En Santo Domingo, moverse se ha vuelto una prueba diaria entre bocinas, motocicletas disputando espacios, intersecciones bloqueadas, cruces peatonales poco respetados y la incertidumbre sobre cuánto tardará un trayecto. Esa rutina, más que una normalidad, deja ver desgaste de gestión y una institucionalidad que no consigue imponer reglas básicas de convivencia.
El costo para la ciudadanía es cuantificable. El BID calculó en 2019 que la congestión generaba 75 millones de horas perdidas al año y un impacto de US$180 millones, equivalente a 0.67% del PIB de la ciudad. A esa presión se suma un espacio vial limitado: el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo concentran cerca de 45% del parque vehicular, mientras las motocicletas representan casi 58% del total y en 2025 aumentaron en más de 314,000 unidades, un 8.9% anual. El propio texto admite que esa expansión requiere organización, educación y fiscalización.
El problema no pasa por falta de diagnóstico. Desde 2019 existe un Plan de Movilidad Urbana Sostenible para ampliar e integrar el transporte público, gestionar mejor la demanda y reforzar la gobernanza, pero la distancia entre la ciudad planificada y la ciudad real sigue ahí. Esa brecha se agranda cuando el régimen de consecuencias pierde credibilidad: de los RD$2,982.6 millones registrados por multas de tránsito en 2025, apenas 17.7% había sido pagado. En ese escenario, la sociedad civil conserva motivos para exigir vigilancia y rendición de cuentas sobre una gestión urbana que sigue trasladando a los ciudadanos el costo del desorden.