El estudio del proyecto de Ley Orgánica de la Policía Nacional quedó concluido en la Comisión Especial del Senado, en una discusión que volvió a exhibir la distancia entre la promesa de reforma y la necesidad de controles verificables sobre una institución marcada por cuestionamientos de gestión, supervisión y manejo de recursos.
Franklin Romero, presidente de la comisión, explicó que durante el proceso se revisaron y modificaron varios artículos con el propósito de fortalecer la profesionalización y la eficiencia policial. Entre esos cambios, el texto ratifica que el presidente de la República ejercerá el mando supremo de la Policía Nacional, ya sea de forma directa o por medio del Ministerio de Interior y Policía, un aspecto que no cierra el debate y, por el contrario, incrementa la responsabilidad política del poder civil sobre los resultados de la reforma.
La iniciativa también amplía las atribuciones de la Dirección de Asuntos Internos, que no solo investigaría, sino que además supervisaría operaciones encubiertas, realizaría pruebas de integridad al personal, controlaría el manejo de información reservada y presentaría informes sobre casos de corrupción y posibles vínculos de agentes con estructuras criminales. Ese alcance confirma la magnitud de los controles que aún están pendientes y la obligación de fiscalización desde el Congreso y la sociedad civil.
A la vez, el proyecto refuerza las funciones del Consejo Superior Policial, al encomendarle nuevas competencias sobre indicadores de gestión, proyectos de modernización, infraestructura, tecnología y presupuesto, además de la evaluación de ascensos, retiros y traslados de oficiales. También elimina las asignaciones permanentes de agentes a empresas privadas, corporaciones y fundaciones, limita ese servicio a instituciones públicas y establece sanciones administrativas, civiles y penales para las autoridades que desvíen policías de la seguridad pública.
Con el cierre del estudio en el Senado, la pregunta de fondo sigue abierta: si la reforma promete más supervisión, transparencia y disciplina, ahora deberá demostrarse que no quedará como otro rediseño administrativo sin impacto tangible en la seguridad ciudadana, el uso del presupuesto y la rendición de cuentas que el país sigue esperando.