La investigación del Ministerio Público sobre el supuesto entramado “Senasa 2.0”, dentro de la denominada Operación Cobra, sitúa el foco en una vulnerabilidad sensible del sistema: empleados internos de Senasa, entre ellos el imputado Ángel Luis Guzmán Vásquez y otros ex empleados bajo investigación, habrían accedido a la base de datos de la institución para obtener información confidencial de afiliados y de sus planes de salud.
De acuerdo con la autorización judicial de allanamiento de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, cada vez que Senasa efectuaba pagos a médicos participantes, estos devolvían entre 40 % y 60 % del monto cobrado, en efectivo o mediante transferencias bancarias. En esas operaciones, según el Ministerio Público, figuraban conceptos como “San de tu madre”, “pago a san de madre” y “pago préstamo Ángel Luis Guzmán”, mientras los recursos eran entregados de forma directa o por medio de terceros a Ángel Luis Guzmán Vásquez, Adonay María Carrasco Heredia, Angeury Guzmán Vásquez, Milagro Vásquez Gálvez, Ángel Guzmán Patricio y ex empleados de Senasa.
El expediente afirma que, con la información obtenida, se llenaban formularios de reclamaciones médicas a nombre de afiliados que no las habían solicitado, un contraste marcado entre la función de protección del seguro y el uso que describe la pesquisa. El propio documento judicial sostiene que ello evidenciaría “una clara intención de ocultar el origen ilícito de los fondos y de dar apariencia de legalidad a las operaciones derivadas de estas actividades ilícitas”, señalamiento que refuerza la exigencia de rendición de cuentas sobre los controles internos y la protección efectiva de los usuarios.