La detención del inspector de control migratorio Carlos Javier Sánchez, señalado por exigir RD$100 mil a una mujer para permitirle salir hacia España por el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, vuelve a poner sobre la mesa las dudas sobre la supervisión en un punto sensible del sistema migratorio. El imputado fue apresado justo cuando se disponía a recibir el dinero, durante una entrega controlada autorizada por una jueza.
La pesquisa está en manos de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de La Altagracia, con respaldo de equipos operativos de la Dirección General de Migración. La operación fue ejecutada por un grupo especializado de vigilancia y seguimiento, bajo la dirección del Ministerio Público y con la representación del fiscal Miguel Crucey, tras el Auto núm. 02535-2026, emitido el 26 de junio de 2026 por la jueza Francis Reyes Diloné, del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Altagracia.
Pese al arresto, el expediente vuelve a colocar en primer plano una inquietud institucional: la supuesta solicitud de dinero para viabilizar una salida internacional desde una de las terminales más importantes del país. El Ministerio Público adelantó que someterá al imputado en las próximas horas para pedirle medidas de coerción en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Altagracia.