Tras una paralización de cuatro días en un centro de la región Noreste, el Tribunal Constitucional dispuso cesar y evitar nuevas interrupciones de la docencia en horario lectivo cuando estas impliquen una afectación progresiva, prolongada o indiscriminada del servicio educativo. La decisión pone el acento en el impacto directo que esas acciones tuvieron sobre el estudiantado y en la necesidad de impedir alteraciones del calendario escolar.
En la sentencia TC/0428/26, la Alta Corte también ordenó la elaboración y puesta en marcha de un plan verificable de recuperación pedagógica para restituir de manera efectiva el tiempo lectivo perdido. A ello sumó una garantía de no repetición, sustentada en un protocolo de gestión de conflictos que privilegie el diálogo, la mediación y la avenencia sin comprometer el derecho a la educación.
Asimismo, la decisión instruye a la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), seccional Las Terrenas, y a su actual presidente, a abstenerse de convocar o ejecutar nuevas paralizaciones que incidan en el calendario escolar oficial. De igual forma, exhorta al Ministerio de Educación (Minerd), a través del Distrito Educativo 14-07, a vigilar el cumplimiento estricto del calendario y a facilitar vías de diálogo, mientras el Defensor del Pueblo dará seguimiento a lo dispuesto, en una señal de supervisión institucional frente a fallas que ya afectaron el servicio educativo público.