SANTO DOMINGO. — Los 30 años de Wanda Almánzar al frente de DEINSA reabren una discusión de fondo sobre la seguridad industrial en el país: mientras una empresa nacida en 1996 en la casa de su madre logró crecer hasta contar con aproximadamente 60 colaboradores, presencia en Santiago y operaciones de almacenamiento en Haina, la protección de los trabajadores sigue presentada por su fundadora como una necesidad central, no como un tema resuelto.
Almánzar identificó oportunidades en el mercado mientras trabajaba en una empresa que comercializaba compresores de aire y decidió emprender pese a las dudas de personas cercanas. Durante los primeros tres años operó desde la vivienda familiar, donde gestionaba pedidos, preparaba facturas y visitaba clientes con apoyo de su madre, María Dolores Sepúlveda. Con el tiempo, DEINSA amplió inventario, incorporó empleados y abrió instalaciones propias en Los Prados, en medio de un sector dominado por hombres y de prejuicios que cuestionaban su capacidad.
La propia empresaria resume el eje del problema al insistir en que su trabajo busca que los empleados regresen sanos a sus hogares. Esa definición desplaza la historia del terreno celebratorio al de la fiscalización pública: si la seguridad industrial sigue dependiendo de la persistencia individual y de la respuesta del mercado, el tema mantiene una dimensión institucional que obliga a vigilancia, rendición de cuentas y prioridad real sobre la vida de los trabajadores.