Un juez federal de Estados Unidos frenó la intención de la Administración del presidente Donald Trump de aplicar las leyes migratorias para deportar a extranjeros por sus discursos políticos, al entender que esa práctica entra en conflicto con derechos amparados por la Primera y la Quinta Enmienda. La resolución del magistrado Noël Wise vuelve a poner sobre la mesa hasta dónde puede llegar el poder cuando convierte la política migratoria en un instrumento de represalia por opiniones.
Wise dio la razón a una demanda presentada por el periódico estudiantil Stanford Daily contra el secretario de Estado, Marco Rubio, por el uso de la Ley de Inmigración y Nacionalidad para revocar visados y promover deportaciones de estudiantes extranjeros por sus posiciones políticas. La publicación argumentó además que esas actuaciones provocaban un efecto disuasorio, al llevar a estudiantes a evitar artículos críticos con la Administración. En su análisis, el juez remarcó que la libertad de expresión no depende de una autorización del Gobierno y que incluso las opiniones ofensivas o socialmente rechazadas siguen protegidas por la Constitución.
La demanda recoge también el caso de una mujer no identificada que vive en Estados Unidos con visado de estudiante y que, según documentos judiciales, dejó de expresar en público sus opiniones sobre Palestina e Israel y eliminó una cuenta en redes sociales por miedo a represalias. La sentencia llega después de la campaña impulsada el año pasado por el Gobierno estadounidense para revocar visados y deportar a estudiantes extranjeros propalestinos, en una señal de desgaste institucional que ahora encuentra un freno en los tribunales.