Una extracción de cuatro muelas acabó con secuelas permanentes para una mujer en La Vega, en un caso que vuelve a poner bajo la lupa los controles sobre el ejercicio profesional y el costo social de las fallas de supervisión. De acuerdo con el Ministerio Público, Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, ejercía la odontología sin el exequatur requerido y realizó el procedimiento en un consultorio del Centro Médico V Centenario, en la calle Duarte.
La investigación sostiene que el hecho se produjo el 17 de enero, cuando la paciente fue al consultorio, fue evaluada y recibió una receta para autorizar por su seguro médico una cirugía de extracción de los cuatro terceros molares. Durante la intervención, el hombre le administró anestesia y luego le dijo que debía cortar el hueso porque, presuntamente, sus dientes eran de titanio. Después empezó a golpear la zona con instrumentos odontológicos.
Luego de cuatro horas sin conseguir extraer las piezas, indicó que retiraría una de las muelas superiores. En medio del procedimiento, la paciente reportó dolor intenso y, según el expediente, el imputado respondió que le aplicaría una anestesia general. Sin embargo, el cuadro empeoró con fuertes dolores e hinchazón en el rostro, lo que obligó a la mujer a buscar una segunda opinión médica.
Las evaluaciones posteriores confirmaron daños en su salud bucal derivados del procedimiento. Una certificación médica emitida el 5 de febrero de 2026 recoge lesiones permanentes, entre ellas dolor microfacial, edema facial moderado, herida desgarrada, trismo, parestesia mandibular derecha, alveolitis ambulatoria y atrofia de nervios. El Ministerio Público solicitará prisión preventiva contra Almánzar Escarramán, pero el caso deja abierta una pregunta mayor sobre la capacidad de las instituciones para detectar a tiempo el ejercicio ilegal antes de que el ciudadano cargue con secuelas irreversibles.