La historia de la profesora Milka Mercedes Ramírez, alejada de las aulas desde el 17 de enero después de un procedimiento odontológico, vuelve a colocar sobre la mesa un problema que va más allá de un consultorio: cuando fallan los controles, el costo social termina recayendo por completo en los ciudadanos. Más de seis meses después, su esposo Norberto Luna sostiene que las secuelas le impiden hablar con normalidad y la obligan a alimentarse sobre todo de líquidos y alimentos licuados.
El expediente se mueve entre dos interrogantes de alto peso institucional: mala práctica o intrusismo. No es únicamente una diferencia técnica o judicial, sino una señal de alarma sobre la capacidad real de vigilancia en servicios que inciden de manera directa en la salud, el trabajo y la estabilidad familiar. En este caso, la afectada no solo enfrenta consecuencias físicas; además quedó fuera de su rutina profesional, mientras su esposo y sus dos hijos, de catorce y ocho años, asumen el cambio brusco en la vida del hogar.
Según contó Luna a Listín Diario, ambos acudieron con confianza al consultorio del odontólogo William Almánzar por tratarse de un centro de renombre. Allí, relató, un hombre revisó la panorámica, les aseguró que la extracción de las cuatro cordales podía hacerse y les transmitió la seguridad suficiente para fijar la cirugía tres días después. “Nosotros fuimos confiados a ese consultorio porque era un centro de renombre. Nunca imaginamos que terminaríamos viviendo una situación como esta”, expresó.
La intervención, pautada para el sábado 17 de enero, estuvo lejos de parecer un procedimiento rutinario. De acuerdo con el esposo, se extendió por cerca de cuatro horas; en ese lapso, el equipo de succión dejó de funcionar y quien realizaba la extracción tuvo dificultades para sacar una de las piezas dentales. Ese relato, todavía bajo el peso de una investigación, refuerza el contraste entre la confianza ofrecida al paciente y el desenlace que hoy mantiene a una docente fuera de las aulas.
Mientras la investigación judicial determina si hubo negligencia o ejercicio sin autorización legal o capacitación requerida, el dato más contundente ya está a la vista: una familia quedó marcada durante meses por un procedimiento que debía resolver un problema de salud y terminó abriendo otro. En un contexto en el que la ciudadanía espera servicios seguros y supervisión efectiva, casos como este alimentan la exigencia de fiscalización real y responsabilidades claras, porque cuando el sistema falla, la factura la paga la gente.