La Cámara Minera y Petrolera (Camipe) volvió a insistir en la necesidad de reformar la Ley Minera, al admitir que el marco legal que regula la actividad en el país tiene más de cinco décadas de vigencia y ya no se ajusta a los desafíos actuales. En una entrevista con Listín Diario, su presidente, Pedro Esteva, y su director ejecutivo, Martín Valerio, sostuvieron que la discusión debe encaminarse hacia una visión estratégica del sector, en medio de una normativa que, según explicaron, provoca interpretaciones contradictorias y complica su aplicación.
La organización señaló que la reforma pretende agilizar los procesos de aprobación, incorporar tecnologías ya disponibles, reforzar los componentes medioambientales y lograr que una mayor parte de los recursos de la minería beneficie a las comunidades próximas a las áreas de explotación. Asimismo, afirmó que una nueva ley podría aportar tranquilidad a la población y reducir la resistencia hacia esta industria, al definir con mayor precisión los términos de la actividad minera.
El planteamiento de Camipe también pone de relieve la dimensión institucional del retraso: Valerio indicó que la propuesta requiere un alto contenido constitucional, especialmente en lo referente a la gestión del subsuelo, y defendió la fijación de objetivos y objetos claros para evitar la discrecionalidad. Así, la discusión sobre la reforma no solo reabre el debate sobre el porvenir del sector, sino también sobre la necesidad de una mayor vigilancia y de reglas precisas desde el Congreso para cerrar la brecha entre el discurso de modernización y una ley de 1971 que continúa vigente.