La Operación XL526, presentada por el Ministerio Público contra una presunta estructura dedicada a la extorsión y al lavado de activos, pasó del golpe operativo al terreno de la fiscalización institucional tras las denuncias de abogados defensores sobre supuestas irregularidades y vulneraciones de derechos fundamentales de los detenidos.
Según los juristas, durante los 28 allanamientos realizados en Santiago y Puerto Plata se produjeron detenciones sin las debidas órdenes judiciales, además de restricciones al acceso a la defensa técnica. También sostienen que algunos imputados fueron incomunicados y que no pudieron comunicarse con familiares ni representantes legales en las primeras horas, mientras cuestionan la presentación de pruebas por presunto incumplimiento de los protocolos de cadena de custodia.
La operación dejó 20 arrestos, entre ellos cinco señalados como cabecillas, y fue ejecutada por 35 fiscales junto a la Policía Nacional, la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado y HSI Santo Domingo. Aunque el Ministerio Público defiende la legalidad del caso y afirma que cuenta con abundante evidencia de estafa, chantaje y lavado de activos mediante criptomonedas y transferencias electrónicas, las denuncias de la defensa colocan el foco en la obligación de rendir cuentas sobre el respeto a las garantías constitucionales en un proceso de alto perfil.