El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha forjado su imagen pública como un combatiente de la corrupción y defensor de la población, con una narrativa enfocada en la gran cantidad de prisioneros de organizaciones criminales y en los castigos extra aplicados frente a protestas en las cárceles. Ese perfil le ha otorgado prestigio y lo ha convertido en referencia para numerosos países.
Pese a ello, sus intervenciones públicas suelen concentrarse en su victoria contra el pandillerismo, mientras queda relegado el avance de las acciones orientadas a conseguir sentencias contra funcionarios y gobernantes anteriores por corrupción. Esa omisión adquiere relevancia porque el propio Bukele afirmó que el dinero público no alcanza para impulsar el progreso del país si hay quienes se lo están robando.
A partir de ahí, han empezado a circular reportajes que señalan que Bukele estaría favoreciendo a familiares y amigos políticos con proyectos y acuerdos monetarios del país. Los señalamientos reavivan la exigencia de vigilancia sobre el uso de los recursos públicos y colocan bajo presión la coherencia entre el discurso oficial contra la corrupción y las prácticas que ahora se le atribuyen.