A dos años de que el presidente Luis Abinader anunciara que transparentaría la gestión del Gobierno mediante la publicación periódica de auditorías financieras y de gestión, los datos oficiales revelan una distancia entre ese compromiso y lo que realmente conoce la ciudadanía. En septiembre de 2023, la Presidencia presentó la difusión de los primeros 19 informes de la Contraloría General de la República como una muestra de transparencia y de cumplimiento de la Constitución y de las leyes 200-04 y 10-07.
Aun así, entre 2023 y 2024 la Contraloría registró 206 auditorías y solo 39 fueron publicadas, para un 18.9 % del total. La distribución oficial señala, además, que otras 39 auditorías estaban listas para divulgarse, 67 continuaban en proceso, 33 ya estaban terminadas pero no se hicieron públicas y 28 correspondían a gobiernos locales. Ese contraste entre los anuncios y las cifras coloca bajo presión la narrativa oficial sobre el acceso ciudadano a la información del uso de los fondos públicos.
Durante lo que va de 2026, la entidad apenas ha publicado tres auditorías: las del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, el Ministerio de Energía y Minas y el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia. Esos informes, elaborados entre 2020 y 2022, siguen siendo pocos frente al volumen de auditorías concluidas o en trámite de aprobación desde 2024, en un escenario que refuerza la demanda de mayor fiscalización y explicaciones sobre por qué la mayoría de esos procesos no ha sido divulgada.