La ciclovía puesta en servicio por el Gobierno el 3 de junio de 2020, en un tramo de unos 8 kilómetros que va desde el parque Independencia por la avenida Simón Bolívar hasta la Enrique Jiménez Moya e incluye la avenida Mirador Sur, vuelve a estar bajo revisión a partir de denuncias sobre su funcionamiento real. Aunque fue anunciada en plena pandemia como una medida de transporte sostenible y de apoyo al distanciamiento social, residentes de la zona aseguran que el resultado no se corresponde con ese propósito.
Freddy Cabrera, residente de esa demarcación y conocedor de la dinámica diaria del área, afirma que la infraestructura no ha cumplido el fin para el que fue creada. Según plantea, después de más de un lustro de operación no se observa un uso relevante por parte de ciclistas, mientras el espacio es ocupado con frecuencia por motoristas y otros conductores.
Esa denuncia pone el foco sobre la aplicación del artículo 156 de la Ley 63-17, que establece que el uso de las ciclovías será exclusivo para ciclistas, bajo regulación del Intrant y los ayuntamientos, y que los vehículos de motor que las utilicen serán sancionados con una multa equivalente a un salario mínimo del sector público centralizado. La queja ciudadana también sostiene que, lejos de aliviar la movilidad, la ciclovía estaría empeorando los tapones, lo que abre un nuevo cuestionamiento sobre supervisión, cumplimiento y resultados de una intervención pública presentada como beneficio para la ciudad.