La intervención de Luis Abinader ante el Comité Nacional del Partido Revolucionario Moderno (PRM) dejó una señal política nítida: el presidente empezó a asumir un papel de árbitro en la renovación interna y en la definición de candidaturas para las elecciones de 2028, al tiempo que vincula el respaldo a su obra de gobierno con la maquinaria partidaria. El movimiento supone un giro en la estrategia oficialista, al poner el peso de la gestión en la estructura del partido y no en apoyos externos.
Ese viraje también deja ver un contraste con la postura que el propio Abinader mantuvo al inicio de su mandato, cuando se quejó públicamente de las presiones internas por empleos y beneficios y advirtió en septiembre de 2020 que el Gobierno no era “un botín político”. Ahora, en cambio, reivindica al partido como sostén del poder al afirmar que “detrás de este gobierno hay un partido que cree, que acompaña, que defiende y que sostiene el cambio”.
La nueva apuesta del presidente coincide, además, con una etapa de mayor desgaste del PRM en el poder, propia de los segundos periodos de gobierno. En ese marco, su llamado a fortalecer la comunicación entre la gestión pública y la estructura partidaria refuerza la necesidad de vigilancia sobre la relación entre partido y Estado, justo cuando el oficialismo entra en una fase de reorganización interna y disputa por el control de su futuro electoral.