La medida de coerción dictada contra Miguel García por el crimen ocurrido en el Palacio de Justicia de Santiago deja todavía sin respuesta clave una parte del caso: la localización de “Macho”, quien continúa prófugo.
La muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada, ocurrida en esa sede judicial, mantiene abiertas las dudas sobre las condiciones de seguridad en un espacio que debe garantizar protección a usuarios, abogados, empleados y ciudadanos que acuden al sistema de justicia.
Aunque la decisión judicial avanza el proceso contra uno de los imputados, el expediente sigue mostrando una deuda institucional en dos frentes: esclarecer por completo lo ocurrido y explicar qué falló para que un hecho de esa naturaleza se produjera dentro de un recinto judicial.
En ese contexto, el caso no solo pasa por la persecución penal de los responsables, sino también por la revisión de los protocolos de seguridad y la rendición de cuentas sobre las medidas adoptadas para evitar una repetición.
La permanencia de un prófugo refuerza además la presión sobre las autoridades encargadas de la investigación, que deberán dar seguimiento efectivo al proceso y ofrecer resultados verificables a una ciudadanía que espera respuestas concretas sobre un hecho de alto impacto público.