Chile informó que logró localizar a 64 menores haitianos que se encontraban inubicables, en un caso que abrió una investigación y expuso brechas en el seguimiento institucional de niños y adolescentes bajo control del sistema.
La confirmación de la localización cierra la fase de alarma, pero no resuelve la pregunta de fondo: cómo fue posible que se desconociera el paradero de decenas de menores y que la propia autoridad admitiera fallas del Estado en su resguardo.
El episodio vuelve a colocar en primer plano un principio básico de gobernabilidad: las reglas y los mecanismos de protección deben ser iguales y efectivos para todos, especialmente cuando se trata de menores de edad. Cuando un sistema pierde trazabilidad sobre personas bajo su custodia o supervisión, el problema deja de ser solo operativo y pasa a ser institucional.
En ese contexto, la investigación abierta tras la alerta será la clave para determinar dónde fallaron los controles, qué tan robustos eran los registros y qué medidas se adoptarán para evitar que una situación similar se repita.
Por ahora, la localización de los 64 menores reduce la incertidumbre inmediata, pero deja pendiente la rendición de cuentas sobre las debilidades que permitieron que permanecieran inubicables.