El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, concluyó su testimonio en el juicio por corrupción con un nuevo ataque contra la Fiscalía, al denunciar persecución política y reiterar su inocencia. Sin embargo, el proceso continúa abierto y mantiene en el centro un asunto de interés institucional: la obligación de que las reglas sean iguales para todos, incluso para quien ocupa la jefatura del Gobierno.
Netanyahu sigue enfrentando cargos por fraude, soborno y abuso de confianza, un expediente que ha convertido su caso en una prueba de fondo para la credibilidad del sistema judicial israelí. En ese contexto, sus alegatos no solo tienen una dimensión defensiva, sino también un impacto sobre la confianza pública en las instituciones encargadas de investigar y juzgar a los altos funcionarios.
El juicio permanece en curso, por lo que el cierre de su testimonio no significa el fin del proceso. La relevancia del caso, más allá de la figura del primer ministro, está en que plantea si un dirigente político puede ser sometido al mismo estándar legal que cualquier otro ciudadano o si el poder termina imponiendo reglas distintas.
Por ahora, Netanyahu insiste en que es víctima de una persecución, mientras la acusación sostiene el peso de un proceso que lo mantiene bajo escrutinio. La causa, además de definir su situación judicial, seguirá siendo observada como una medida de la fortaleza institucional del Estado israelí.