El presidente Luis Abinader designó nuevos cónsules en Estados Unidos y Argentina, además de un embajador en el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), en una movida que vuelve a poner bajo escrutinio el uso de los nombramientos por decreto en el servicio exterior.
La disposición, difundida por el Poder Ejecutivo, se suma a otras decisiones de designación que suelen concentrarse en áreas sensibles de la administración pública, donde la ciudadanía tiene derecho a conocer no solo quiénes ocupan los cargos, sino también con qué criterios fueron seleccionados, qué funciones asumirán y qué resultados se esperan de sus nombramientos.
En este caso, la información disponible se limita al alcance de la medida: consulados en Estados Unidos y Argentina, junto con un cargo en el MIREX. La publicación no incluyó explicaciones sobre el costo administrativo de estas designaciones, los objetivos concretos de la reorganización ni los indicadores que permitirían evaluar su impacto en la gestión consular y diplomática.
Ese vacío de información deja abierta una pregunta de interés público: si los cambios responden a una estrategia de eficiencia y fortalecimiento del servicio exterior, el Gobierno debe transparentar cómo medirá su efectividad y qué beneficios tangibles obtendrá la ciudadanía.
En un contexto en el que el oficialismo impulsa decisiones de gobierno con impacto directo sobre la estructura estatal, el escrutinio no debería limitarse al anuncio. También debe incluir seguimiento a la rendición de cuentas, uso de recursos y resultados.