La aprobación de la Ley 74-25, con la que se instituye el nuevo Código Penal, volvió a poner sobre la mesa una alarma sobre la manera en que el Congreso dominicano y el oficialismo están legislando desde el poder: con un discurso de regulación que, en la práctica, podría terminar incidiendo en el periodismo y la libertad de expresión.
El debate mismo deja un contraste difícil de pasar por alto. De acuerdo con el texto, congresistas del partido oficialista avalaron un Código Penal que ahora amenaza herramientas de denuncia y fiscalización pública que antes usaron de forma amplia desde la oposición en medios digitales, radio y televisión. La duda que permanece es política e institucional al mismo tiempo: qué cambió entre reclamar libertad para cuestionar y aprobar ahora normas que podrían estrecharla.
Uno de los puntos más delicados está en la Sección II, dedicada a infracciones contra las personas mediante imágenes, audios y montajes. El artículo 192 fija penas de seis meses a un año de prisión menor, además de multas de uno a dos salarios mínimos del sector público, por difundir imágenes o audios sin consentimiento. Aunque proteger la privacidad es un objetivo legítimo, la preocupación surge por una redacción que, como señala el texto, no diferencia con claridad entre el ejercicio profesional del periodismo, amparado por principios éticos y normas legales, y la publicación de contenidos en redes sociales por usuarios particulares.
Ese vacío técnico no es menor. Cuando una ley combina la intención de frenar excesos con disposiciones que podrían alcanzar a medios y periodistas, el costo social deja de ser abstracto: se pone en riesgo el derecho ciudadano a estar informado y se debilita una función esencial de control sobre el poder. Lejos de cerrar la discusión, la Ley 74-25 refuerza la exigencia de vigilancia pública y de rendición de cuentas a un Congreso que, según la propia crítica recogida, vuelve a exhibir falta de visión en un tema central para la institucionalidad democrática.