La negativa de Mario Díaz al aumento del pasaje anunciado por transportistas de Santiago puso sobre la mesa una exigencia de rendición de cuentas: si el Gobierno dominicano mantiene congelados los combustibles que usa buena parte de la flota y además sostiene subsidios para el sector, ¿con qué argumento se pretende trasladar un nuevo costo a la población?
El dirigente sindical criticó el incremento anunciado por Juan Marte, previsto para entrar en vigor el próximo lunes, al afirmar que en las condiciones actuales no hay base técnica, económica ni financiera para elevar las tarifas del transporte público de pasajeros. Su postura deja ver una tensión que rebasa a Santiago: la distancia entre el discurso de protección al usuario y la obligación de vigilar que las ayudas públicas realmente sirvan para evitar abusos en un servicio esencial.
Díaz recordó que el sector transporte sigue recibiendo respaldo del Estado, entre ellos el subsidio al gasoil para autobuses, minibuses y vehículos de carga, además del programa Bono Gas para carros del concho que operan con GLP. En ese escenario, advirtió que pasar aumentos a los pasajeros afectaría de manera directa la economía de miles de trabajadores, estudiantes y ciudadanos que dependen a diario del transporte público.
También exhortó a los sindicatos y organizaciones de transportistas de Santiago a dejar sin efecto la medida y propuso diálogo y concertación con las autoridades. El episodio, sin embargo, deja una alerta institucional más amplia: cuando existen subsidios, combustibles congelados y aun así surge presión para subir tarifas, la sociedad civil y las autoridades están obligadas a fiscalizar mejor, exigir explicaciones y evitar que la gestión termine cargando sobre la gente un costo social que debía contenerse.