El Gobierno de Cuba informó que acudirá el próximo 7 de julio a la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, para denunciar lo que considera una escalada de presiones de Estados Unidos sobre otros países con el fin de bloquear cuestionamientos a las medidas de Washington contra la isla. La acusación vuelve a colocar en primer plano el uso del poder diplomático y el costo social de una confrontación que, según La Habana, ya está golpeando directamente a la población.
Bruno Rodríguez, canciller cubano, aseguró que el servicio exterior estadounidense está desplegando “presiones inéditas” y recurriendo a “amenazas y chantajes de todo tipo a naciones soberanas” para impedir esa denuncia en Naciones Unidas. Días antes, ya había adelantado que Cuba expondrá en esa sesión lo que define como “acciones agresivas” de EE.UU., al sostener que se trata de una situación urgente porque esa agresión “ya está en curso y existe”.
La presentación cubana tendrá entre sus ejes el llamado cerco energético impuesto desde enero, que, de acuerdo con Rodríguez, está provocando “daños, privaciones y sufrimientos crecientes” a la población. Ese planteamiento refuerza un ángulo que va más allá de la disputa diplomática: cuando la presión política se traduce en deterioro de las condiciones de vida, el debate deja de ser retórico y pasa a exigir rendición de cuentas sobre sus efectos concretos.
Rodríguez también afirmó que el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, pretende justificar acciones que, según dijo, causan graves daños al pueblo cubano y podrían agravarse si se impone una salida bélica. En ese escenario, la sesión solicitada por La Habana se presenta como una prueba para la comunidad internacional, no solo frente a la denuncia cubana, sino también ante la presión sobre los mecanismos multilaterales y el contraste entre el discurso de legalidad y las consecuencias que se atribuyen a esa estrategia.
El canciller sostuvo, además, que la mayoría de la comunidad internacional respaldará a Cuba. Más allá de esa previsión, la cita en la ONU vuelve a poner sobre la mesa una alerta institucional de fondo: hasta qué punto las decisiones de poder y la presión entre Estados terminan imponiéndose sobre el debate abierto, la soberanía de los países y el costo humano que soportan las sociedades.