CARACAS. – El reconocimiento oficial de que más de 365.000 adultos mayores están en situación de vulnerabilidad volvió a poner el foco sobre el deterioro de las condiciones de vida de los pensionados en Venezuela y sobre la falta de respuestas suficientes frente a una crisis que ya se expresa en las calles. Este viernes, mientras Delcy Rodríguez informaba que el Gobierno ha encontrado a esa población vulnerable y que más de 5.000 brigadas están desplegadas para atenderla, más de un centenar de jubilados y pensionados protestaban en Caracas ante el Ministerio de Educación y el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) para exigir ingresos dignos.
La presión social ocurre en un contexto en el que la pensión y el salario mínimo siguen fijados en 130 bolívares al mes, equivalentes a 23 centavos de dólar a la tasa oficial, una cifra que los manifestantes consideran insuficiente para comprar medicinas y alimentos. Aunque Rodríguez atribuyó la situación a las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, el propio cuadro descrito en la jornada expone el costo social de una política de ingresos que mantiene a los adultos mayores en precariedad.
En abril, la mandataria anunció un incremento de bonos a 240 dólares para trabajadores y de 70 dólares para pensionados, pero la medida generó indignación en sindicatos del sector público porque esas bonificaciones no inciden en vacaciones ni prestaciones sociales. Así, entre anuncios de atención, reclamos en las calles y beneficios que no se traducen en derechos laborales plenos, la situación de los adultos mayores vuelve a instalar una alerta sobre la capacidad de respuesta institucional frente a uno de los sectores más golpeados.