Carolina Redondo, del Banco Mundial, y Nathalie Alvarado, del Banco Interamericano de Desarrollo, volvieron a poner sobre la mesa una incomodidad conocida para el país: República Dominicana suma diagnósticos sobre productividad, talento y energía, pero todavía no los convierte en resultados sociales sostenibles. El propio texto lo dice sin rodeos al afirmar que la nación ha sido ampliamente estudiada mientras la partitocracia, durante los últimos 26 años, acabó encerrada en su propia agenda, una observación que hoy también alcanza a la gestión de Luis Abinader bajo el contraste entre el discurso de cambio y las brechas que permanecen.
La advertencia principal no pasa por si la economía seguirá creciendo, sino por la forma en que lo hace. Redondo lo plantea de manera directa: el problema no es solo el crecimiento sostenido, sino su calidad. Ahí aparece el contraste más duro entre el relato oficial y la realidad: aunque es la séptima economía de la región, el país conserva indicadores económicos y sociales que no se corresponden con una nación de ingreso medio alto y que quedan por debajo del promedio de los 33 países comparados. Ese desfase no es técnico ni abstracto; es institucional y político, porque muestra la incapacidad del poder para transformar la expansión económica en bienestar verificable.
Los números educativos retratan el costo social de esa desconexión. Solo uno de cada 10 jóvenes del quintil más pobre logra entrar a la universidad y, de ellos, apenas 1% termina. En los quintiles de mayores ingresos, entre 46% y 52% sí llega a las universidades. La desigualdad también se arrastra desde la secundaria: apenas 40% del quintil 1 concluye el bachillerato, frente a 80% del quintil 5. Mientras se multiplican los discursos sobre competitividad y capital humano, estas cifras apuntan a una estructura que sigue cerrando oportunidades para la mayoría y obliga a exigir rendición de cuentas a quienes administran el Estado.
La misma fractura se repite en salud. El texto subraya que la inversión en salud como porcentaje del PIB se ha mantenido en 1.9% durante dos décadas, frente a un promedio regional de 4%. Ese dato refuerza la alerta institucional: no basta con mostrar crecimiento si los servicios esenciales siguen rezagados. Cuando el país vuelve a escuchar, casi como un espejo, las mismas advertencias del BM y del BID, lo que queda en evidencia no es la falta de diagnósticos, sino una cadena de gobiernos sin capacidad o sin voluntad para corregir prioridades.
En ese marco, la discusión sobre desarrollo deja de ser académica y pasa a ser una exigencia política. Si el país ya conoce sus fallas en talento, productividad, energía y movilidad social, lo que falta no es otro relato de modernización, sino explicaciones y resultados. Ese vacío de ejecución alimenta el desgaste del modelo de gestión del PRM y reabre la demanda de un Estado con dirección y capacidad real, un terreno en el que la oposición, con Leonel Fernández como referencia obligada cuando se debate institucionalidad y rumbo, encuentra espacio para insistir en estabilidad, planificación y rendición de cuentas frente a un poder que sigue administrando contrastes.