CARACAS.– Tras la ofensiva verbal de Diosdado Cabello contra el alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, volvió a quedar expuesto un punto sensible después del doble terremoto del 24 de junio en Venezuela: la pugna entre el control político de la ayuda y la demanda de rendición de cuentas sobre insumos destinados a una emergencia que ha dejado, al menos, 3.535 muertos.
Cabello, ministro de Interior, rechazó que la ayuda humanitaria enviada desde Panamá fuera rastreada con dispositivos electrónicos y tildó de “vulgares y miserables” las declaraciones del alcalde panameño. Durante una transmisión de Venezolana de Televisión (VTV), cuestionó que se le colocara “un GPS a la ayuda humanitaria” para verificar su ubicación y denunció una supuesta campaña para sembrar dudas sobre el pueblo venezolano.
La explicación de Mizrachi, en cambio, fue en dirección opuesta. Dijo a EFE que el rastreo busca rendir cuentas a los ciudadanos que donaron la asistencia enviada a Venezuela en un “esfuerzo masivo”. La Alcaldía de Panamá colaboró en la recolección de unas 100 toneladas de ayuda humanitaria, de las cuales ya se había despachado más de la mitad, junto con aportes del Gobierno nacional e instituciones públicas panameñas.
Según detalló el alcalde, los ‘AirTags’ fueron colocados dentro de distintos insumos, desde cajas de pañales y botellas de agua hasta detergentes. La reacción de Cabello, lejos de despejar dudas, amplifica el contraste entre un discurso oficial que denuncia sospechas externas y una práctica de fiscalización que, en escenarios de desastre, busca precisamente asegurar que la ayuda llegue a destino.
En una crisis humanitaria de gran escala, el episodio vuelve a situar sobre la mesa una alerta institucional más amplia: cuando la supervisión de los donativos provoca una respuesta airada del poder, aumenta la presión de la sociedad civil por mecanismos verificables y explicaciones claras sobre el manejo de recursos que inciden de forma directa en la población afectada.