Este viernes, el Senado de la República aprobó en segunda discusión y con 23 votos favorables el proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Policía Nacional, que ahora pasa a la Cámara de Diputados y después al Poder Ejecutivo. La votación no solo avanza el trámite legislativo: también vuelve a colocar bajo escrutinio una reforma que el Gobierno presenta como modernización, pero que surge en medio de fallas graves que siguen dentro del cuerpo del orden.
La propuesta, impulsada por el Gobierno dominicano dentro de su proceso de transformación policial, busca fortalecer la institucionalidad, mejorar la supervisión y ajustar la gestión y el control interno. Aun así, el propio texto deja ver la dimensión del problema que sigue en manos del Congreso: se elevan los requisitos para los cargos de dirección y se establece un régimen disciplinario más rígido frente a conductas irregulares que van desde corrupción y abuso de autoridad hasta tortura, discriminación, acoso sexual y laboral, manipulación de pruebas, vínculos con el narcotráfico y uso indebido de bienes públicos.
Entre las modificaciones, el director general de la Policía Nacional, los subdirectores generales, el inspector general y el director de Asuntos Internos tendrán que ser generales activos, contar con título de maestría y demostrar competencias profesionales acordes con sus funciones. Además, se separan las tareas de investigación y de decisión sobre las faltas, con el propósito de asegurar más imparcialidad y transparencia en los procesos, un cambio que refuerza la advertencia institucional sobre debilidades que hasta ahora han requerido corrección legal.
El proyecto también amplía el catálogo de faltas muy graves e incorpora sanciones más severas para los agentes que incurran en esas conductas. Que el Congreso deba impulsar una reforma de esta magnitud para castigar con mayor rigor prácticas como la corrupción, el abuso o la manipulación de pruebas vuelve a poner el debate donde más pesa para la ciudadanía: no en el discurso del cambio, sino en la capacidad real del Estado para aplicar controles, rendir cuentas y evitar que la reforma termine reducida a otra promesa administrativa sin impacto visible en la seguridad y la confianza pública.