La sentencia de 15 años de prisión impuesta por un tribunal de Santiago contra Alexander Antonio Rodríguez, Mello Cotorra, por trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, no cierra el problema: vuelve a encender la alarma sobre la forma en que estas redes consiguen operar hasta concretar el abuso, con víctimas atraídas mediante engaño y traídas al país bajo falsas ofertas de trabajo.
El Tercer Tribunal Colegiado de Santiago lo declaró culpable de violar los artículos 1 y 3 de la Ley 137-03, tras establecer el Ministerio Público que ingresó al país a dos ciudadanas de Colombia y que, ya en territorio dominicano, las obligó a ofrecer servicios sexuales, además de golpearlas e intimidarlas para cobrarles una supuesta deuda económica.
De acuerdo con el expediente, los hechos se iniciaron en septiembre de 2023, cuando una de las víctimas se comunicó por teléfono con Rodríguez, quien le prometió un empleo como camarera para mejorar su situación económica. Luego repitió la misma oferta a una segunda víctima. La acusación señala que el procesado hizo desde Medellín, Colombia, las gestiones para traerlas al país y que entró junto a ellas el 14 de enero de 2024 por el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA).
La investigación, presentada por el fiscal investigador y director del Departamento de Trata y Tráfico Ilícito de Migrantes, Juan Osvaldo García, y litigada en juicio por la fiscal Aida Medrano Gonell, permitió individualizar al acusado y llevarlo a condena. Aun así, el caso deja una interrogante institucional de fondo: si el esquema de captación, traslado e intimidación pudo ejecutarse, la respuesta penal llegó después de un daño ya consumado para las víctimas.
La condena supone una sanción concreta, pero también subraya la necesidad de mayor vigilancia y rendición de cuentas frente a un delito que combina manipulación, movilidad transnacional y explotación. Cuando la intervención del sistema ocurre después del engaño, del ingreso al país y de la violencia, el costo social ya lo han asumido las víctimas.