Una red criminal dedicada a la comercialización ilegal de armas de fuego de distintos calibres, introducidas al país desde Estados Unidos, fue desarticulada por la Policía Nacional durante 14 allanamientos simultáneos realizados el viernes 29 de mayo. Los operativos de la denominada operación «Clave» se desplegaron en Capotillo, en el Distrito Nacional, así como en Salcedo, provincia Hermanas Mirabal, y San Francisco de Macorís, provincia Duarte, donde fueron arrestadas 14 personas y ocupadas 20 armas de fuego.
Según la Policía, las investigaciones se activaron tras el apresamiento de Brayan Jesús Gil Pérez, a quien se le ocuparon cinco armas de fuego en un bulto mientras circulaba por la vía pública. A partir de ese caso, la Dirección de Área de Investigación de Crimen Organizado (Daico), en coordinación con el Ministerio Público, ejecutó las detenciones de Juan Francisco Morel Díaz, Wilson Manuel Abreu Disla, Yeffry Muñoz, Hery Miguelangel Paulino Marmolejos, José Vidal Pérez Mercado, Carlos José María Henríquez Valdez, Edward Francisco Tejada Hernández, José Luis Vignieri Rodríguez, Brian Vignieri Dilone, Edwin Fausto Veloz Almánzar, Jonathan Orlando Carela Montilla, Julio César Jiménez Peralta, Pablo Sánchez Arnau y Joel Rafael González Martínez.
El vocero Diego Pesqueira identificó a Nelson Antonio González Brito como presunto cabecilla de la estructura y señaló que, de acuerdo con informes preliminares, utilizaba su residencia en Salcedo como centro de acopio una vez las armas llegaban al país. También indicó que es señalado como prófugo internacional y que las autoridades iniciaron gestiones a través de Interpol. El caso, más allá del golpe anunciado, expone la dimensión de una estructura que logró introducir armamento al territorio nacional y coloca el foco en la necesidad de vigilancia y rendición de cuentas sobre los controles frente a este tipo de redes.