Luego de más de tres años de trámite judicial, la resolución dictada el 29 de mayo de 2026 por el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dejó un resultado dividido en el caso por presunta corrupción administrativa contra exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina: Donald Guerrero fue enviado a juicio de fondo, mientras Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta quedaron fuera del proceso penal. La jueza Altagracia Ramírez de La Cruz emitió auto de no ha lugar a favor de ambos al considerar que las pruebas aportadas por el Ministerio Público no alcanzaban para sostener las imputaciones.
La decisión, basada en el artículo 309, numeral 5, del Código Procesal Penal, también ordena el levantamiento inmediato de las medidas de coerción que pesaban sobre Castillo y Peralta, así como de las oposiciones e inmovilizaciones sobre sus bienes. En el caso de Peralta, quedaron sin efecto la garantía económica de RD$ 4.5 millones, el impedimento de salida y la presentación periódica; en el de Castillo, la garantía económica de RD$ 20 millones y el impedimento de salida del país.
Aunque el expediente no fue archivado por completo, la salida de dos de sus principales imputados en la fase preliminar marca un contraste entre la amplitud del caso presentado y la capacidad de sostener parte de la acusación ante el tribunal. La resolución mantiene el juicio contra Guerrero y otros 22 imputados físicos, además de varias empresas, y a la vez refuerza la exigencia de vigilancia sobre el manejo de procesos de alto impacto público y sobre los resultados concretos de las investigaciones tras años de trámite judicial.