El proyecto de reforma laboral perimió en el Congreso y reabrió una de las tensiones más persistentes del debate laboral: la cesantía. Para Rafael -Pepe- Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), el desenlace confirma la posición de las centrales sindicales, que habían pedido al Poder Ejecutivo retirar la propuesta al entender que el objetivo central del empresariado era reemplazar ese derecho mediante distintos subterfugios.
Abreu sostuvo que esa línea ha sido defendida de forma reiterada por voces vinculadas al empresariado, que condicionan cualquier transformación laboral a una medida contra la cesantía bajo el argumento de los llamados “altos costos laborales”. A su juicio, esa visión explica que ya sumen seis los intentos de eliminarla, una secuencia que vuelve a colocar bajo escrutinio la capacidad del sistema político para procesar reformas sin reabrir conflictos ya rechazados por los sectores laborales.
Según recordó, el primer intento ocurrió en 2001, durante el gobierno de Hipólito Mejía, cuando se buscó sustituirla por un seguro de desempleo en el artículo 50 de la Ley 87-01. Luego, en la gestión de Danilo Medina, se retomaron conversaciones mediante una comisión que no prosperó por desacuerdos sobre la cesantía y por la intención empresarial de imponer una votación mayoritaria, rechazada por la interlocución sindical. Más adelante, una nueva ronda en la Universidad Intec, con mediación de su rector Rolando Guzmán, también terminó en ruptura por el mismo punto. Para Abreu, el hecho de que el proyecto haya vuelto a caer sin resolver el fondo del conflicto refuerza la exigencia de vigilancia sobre cualquier nueva iniciativa y de rendición de cuentas sobre por qué se insiste en modificar un derecho que sigue generando rechazo social.