La promesa de inclusión se topa en República Dominicana con una realidad que todavía deja fuera a niños neurodivergentes. El cuadro descrito en el texto apunta a un sistema sin capacidad suficiente: faltan escuelas, faltan terapeutas y falta respuesta estatal para condiciones como el trastorno del espectro autista, el TDAH y la dislexia, que exigen entornos educativos adaptados e intervención temprana.
Esa presión sobre la red pública queda reflejada con nitidez. El Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID) de Santiago, único de la región Norte y receptor de casos de las catorce provincias del Cibao, tenía a inicios de 2025 más de 1,200 familias en lista de espera solo en esa sede. A nivel nacional, la red CAID acumulaba más de 3,200 familias aguardando, con demoras que, según activistas de la inclusión, pueden llegar hasta cuatro años. En Santo Domingo Este la espera ronda las 580 familias y en San Juan de la Maguana cerca de 300.
El efecto es un costo social directo: la ventana de intervención más decisiva para niños de tres, cuatro o cinco años se va reduciendo mientras las familias esperan un cupo o terminan empujadas hacia centros privados con tarifas de 15,000. El caso deja una alerta institucional y refuerza la necesidad de fiscalizar la gestión y los resultados reales de las políticas de inclusión, más allá del discurso oficial.