República Dominicana aparece otra vez de manera reiterada entre los países con las tasas más altas de partos por cesárea, con registros que suelen superar el 60 % de los nacimientos, muy por encima del rango ideal de 10 % a 15 % fijado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Que la misma tendencia también se observe en Brasil, México, Turquía, Italia y Egipto no atenúa la gravedad local: más bien confirma que se trata de un problema de salud pública que requiere vigilancia, control y respuestas sobre las razones de su persistencia.
El panorama internacional recogido en el reporte muestra, además, que otros países han aplicado normas y modelos de atención para desalentar intervenciones sin justificación médica. Entre las causas mencionadas figuran el temor a demandas por mala práctica, que lleva a muchos obstetras a inclinarse por la vía quirúrgica ante la menor duda clínica, y la falta de educación prenatal, que alimenta el miedo al dolor y percepciones equivocadas sobre la seguridad del parto vaginal.
A partir de ahí, la discusión deja de girar en torno a si RD es o no un caso aislado y se desplaza hacia una pregunta más incómoda para el gobierno dominicano: qué tan eficaces han sido las respuestas frente a una práctica que supera con amplitud las recomendaciones internacionales. La experiencia de países que han igualado honorarios, reforzado auditorías hospitalarias o exigido validación adicional para cesáreas electivas pone el acento en la rendición de cuentas y en la distancia entre el discurso de atención sanitaria y los resultados que se observan.