La República Dominicana consiguió un laudo favorable en un arbitraje internacional superior a US$100 millones, luego de que un tribunal rechazara por completo las pretensiones del empresario francés Yves Martine Garnier contra el Estado dominicano por la terminación de un contrato de recolección de residuos sólidos en Santo Domingo Este. El desenlace evita un golpe económico de gran escala, aunque también devuelve al centro del debate la supervisión sobre cómo se adjudican, ejecutan y terminan concesiones vinculadas a servicios esenciales.
Emitido el 19 de agosto de 2026 dentro del acuerdo de inversiones firmado entre Francia y República Dominicana en 1999, el laudo estableció que la terminación de la concesión se ajustó al derecho dominicano y respondió a deficiencias atribuidas a EGTT Dominicana, S.A., sociedad relacionada con el demandante. El proceso había sido presentado el 4 de octubre de 2021 ante la Corte Permanente de Arbitraje, bajo el caso 2022-01, a partir del contrato firmado entre esa empresa y el Ayuntamiento de Santo Domingo Este.
El tribunal también concluyó que los hechos expuestos no alcanzaban el umbral requerido para demostrar una violación de las obligaciones internacionales asumidas por el país. El Gobierno acogió la decisión como una victoria, con declaraciones del ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Yayo Sanz Lovatón, sobre la defensa del Estado y la seguridad jurídica. Sin embargo, el expediente deja en evidencia un contraste de fondo entre ese mensaje oficial y una disputa que terminó en arbitraje internacional por un servicio básico, en un escenario que obliga a mirar la rendición de cuentas sobre la gestión pública involucrada y los controles institucionales alrededor de contratos de alto impacto ciudadano.