La defensa de José Ramón Peralta afirmó que el fallo de “no ha lugar” dictado por la jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó la inexistencia de pruebas objetivas y vinculantes para comprometer la responsabilidad penal del exministro Administrativo de la Presidencia en el denominado Caso Calamar. Los abogados Pedro Balbuena, Santiago Rodríguez y Emery Rodríguez sostuvieron que la decisión judicial pone en evidencia debilidades estructurales en el expediente presentado por el Ministerio Público.
A juicio de la barra de la defensa, la acusación se sostuvo en relatos, interpretaciones y afirmaciones sin respaldo probatorio verificable, además de un testimonio que calificaron de fabricado y contradictorio. Por ello, presentaron el dictamen como una señal de alerta sobre la necesidad de que los procesos de alto perfil descansen en evidencia sólida y no en narrativas alejadas de los elementos materiales del caso.
Los juristas señalaron que durante la etapa preliminar depositaron auditorías, certificaciones oficiales y documentos financieros para sustentar la inocencia de Peralta y su falta de vinculación con los hechos imputados. Con la decisión, el caso vuelve a colocar en primer plano la exigencia de rendición de cuentas sobre la calidad de las investigaciones y el contraste entre la contundencia del discurso acusatorio y el resultado observado en sede judicial.