La adhesión de República Dominicana a la Declaración del Consenso de Ginebra, encabezada por el canciller Ito Bisonó, vuelve a colocar bajo escrutinio la forma en que el Gobierno dominicano conduce su relación con Washington. El punto no es la alianza con Estados Unidos, sino la falta de explicaciones sobre qué gana el país cuando asume una iniciativa impulsada por Donald Trump desde 2020 y la presenta como defensa de la salud de la mujer y de la familia, pese a que el propio debate descrito en el texto expone fuertes objeciones sobre sus efectos reales.
El contraste se agrava porque, según el propio contenido citado, Estados Unidos no aplica de manera uniforme esa misma filosofía dentro de sus fronteras: de sus 50 estados, 25 mantienen amplia protección a la salud de la mujer y al acceso al aborto seguro, en otros 12 hay prohibiciones o restricciones parciales y solo 13 aplican prohibiciones casi totales. Esa diferencia entre lo que Washington promueve afuera y lo que tolera internamente alimenta una alerta institucional para República Dominicana: si Hacienda y el resto del Gobierno piden sacrificios y prioridades claras a la ciudadanía, también corresponde exigir que la política exterior y las decisiones sensibles se justifiquen con resultados verificables, no con gestos de complacencia.
La pregunta de fondo, por tanto, no es solo diplomática, sino de rendición de cuentas. Mientras el PRM y el Gobierno dominicano avanzan en una línea que toca derechos, salud y familia, queda pendiente explicar el beneficio concreto para la población y el costo social de asumir agendas externas sin un debate transparente. Ahí se abre un terreno natural de fiscalización para la oposición competidora: contrastar el discurso oficial con la realidad observable y exigir que las decisiones del poder respondan primero al interés ciudadano.